¿Tendrá final la polémica sobre la reforma de la Constitución española de 1978?
En 1977 los jóvenes partidos políticos acordaron los nombres de siete diputados para que formaran una comisión que redactase un texto consensuado de Constitución. Los llamados 'padres de la Constitución' representaban a cinco grupos parlamentarios: la Unión de Centro Democrático (el partido en el Gobierno, representado por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pérez-Llorca), el Partido Socialista Obrero Español (Gregorio Peces-Barba), la Alianza Popular (Manuel Fraga), el Partido Comunista de España (Jordi Solé) y la minoría catalana (Miquel Roca). A estas personas se les ha llamado los 'padres de la Constitución'. En esta lista no figuraba ningún representante del Partido Nacionalista Vasco, una omisión que pudo tener importantes consecuencias, pues el principal desafío de la joven democracia española era el terrorismo de ETA, un movimiento independentista vasco.
Así se creó la nueva Constitución española
Al no estar presentes en la comisión todas las principales sensibilidades políticas, las negociaciones no se realizaron exclusivamente en el edificio del Congreso, de modo formal. Hubo inacabables cenas y comidas en reservados de restaurantes próximos al Congreso de los Diputados en las que participaron dirigentes de los partidos no incluidos en la comisión redactora. Estas reuniones han sido denominadas por la historiografía como 'pactos del mantel' por el hecho de ocurrir en restaurantes.
A pesar de que la mayoría de los ponentes constitucionales eran de partidos de centro y de derecha (los de UCD y AP reunían a cuatro de los siete), estos no intentaron imponer sus criterios, pues prevaleció el consenso en la redacción de cada artículo. En la mente de todos estaba presente el recuerdo de la última guerra civil (1936-1939) y el largo exilio que habían sufrido algunos de ellos. En la comisión había dos dirigentes que habían formado parte del ala reformista del franquismo: Gabriel Cisneros y el exministro Fraga. Pero también estaba un Solé Tura que sabía lo que era ser encarcelado por su militancia política y que debió de exiliarse en París y Bucarest. Además, Peces-Barba había sido condenado por propaganda ilegal por el Tribunal de Orden Público.
Su objetivo fue redactar un texto que pudiera ser aceptado por la mayor cantidad posible de grupos políticos. Esto resultaba extraordinariamente complejo, pues había grupos comunistas y franquistas, así como unitaristas españoles y separatistas de múltiples territorios (en ese momento había partidos políticos que propugnaban la independencia de Cataluña, Euskadi, Galicia y Canarias). Además, muchos diputados y dirigentes de partidos habían sufrido en sus familias a causa de la guerra y el exilio. Por todo ello la reconciliación entre las llamadas 'dos Españas' era un propósito común de muchos de ellos.
A esta complicada situación emocional se unían dos graves amenazas. Por una parte, el terrorismo marxista e independentista, pues en aquel momento atentaban en España media docena de organizaciones terroristas que de una u otra manera se inspiraban en ambas ideologías. Y de otra parte estaba la amenaza involucionista de los franquistas, que cometían actos de intimidación contra librerías, espectáculos e incluso algunos asesinatos. La incipiente democracia estaba amenazada por ambos extremos.
Nunca podrá saberse con certeza si la inclusión del PNV en la comisión constitucional hubiera podido conseguir que apoyaran el texto. Además de su no participación directa, los nacionalistas vascos encontraban varias dificultades: el no reconocimiento de Euskadi como nación, no reconocer la soberanía originaria de los vascos y la posibilidad de conseguir la independencia mediante una consulta popular. Este era uno de los fines fundacionales del partido y lo consideraron irrenunciable; por ese motivo recomendaron la abstención. El resultado en Euskadi fue que la abstención superó el 50 % en Vizcaya y Guipúzcoa, casi doblando a los votos positivos; por otra parte, los votos de apoyo casi triplicaron a los negativos.
Fue aprobado por la Cortes el 31 de octubre de 1978, y refrendado por referéndum el 6 de diciembre.
La Constitución de 1978: fuente de constantes tensiones y desacuerdos políticos
Desde entonces, las principales críticas a la Constitución han venido del País Vasco, pues los partidos nacionalistas vienen denunciando que se han retrasado deliberadamente las transferencias de competencias, sometiéndolas a la concesión de apoyos parlamentarios de los partidos nacionalistas en el parlamento de Madrid. También han denunciado el empleo del Tribunal Constitucional para hacer una interpretación restrictiva de las competencias en general y del Estatuto de Gernika en particular. Conforme han ido acumulándose más competencias en el Gobierno Vasco y se fueron eliminando las amenazas de la involución golpista y del terrorismo, el PNV ha denunciado que el Estatuto de Gernika (que sí apoyaron en las urnas) ya no es el marco jurídico más adecuado para gestionar su autogobierno. Por ello el PNV viene insistiendo en modificar la Constitución de 1978.
En el caso de Cataluña, la coalición de los partidos Convergencia y Unió durante los primeros años de la Transición descartó la opción de un sistema de Concierto económico en la línea de los que había con Navarra y Euskadi, considerándolo un modelo anticuado. Pero, tras varias décadas de control de las instituciones catalanas, decidió que era la hora de conseguir más competencias, en línea con un modelo federal o confederal (en función de cada socio de la coalición). Al ser necesaria una reforma constitucional, esa pretensión se vio bloqueada. A partir de entonces tomaron cuerpo las ideas de dos vías ajenas a la legislación española: el referéndum pactado sobre la soberanía o independencia, y la vía unilateral de declaración de independencia. Animados por la decisión mayoritaria de la Corte Internacional de Justicia, que en 2010 declaró que la declaración de independencia de Kósovo no infringió el derecho internacional público, un sector de los partidos catalanistas se preparó para la vía unilateral. Finalmente, el 27 de octubre de 2017 una mayoría de los diputados del Parlamento de Catalunya declararon unilateralmente la creación de una república catalana independiente. El Gobierno de España reaccionó aplicando el artículo 155 de la Constitución, por el que tomaba el control temporal de las instituciones catalanas.
Años después de este suceso, y recuperada la normalidad institucional en Catalunya, ha ido aumentando el número de partidos que proponen una reforma constitucional que transforme España en un Estado federal o confederal. Entre los que han modificado su actitud hacia la Constitución de 1978 están los partidos de extrema izquierda, incluidas las coaliciones en las que se viene integrando el Partido Comunista de España (que hasta hace poco tiempo siempre abogó por la igualdad entre los ciudadanos del Estado).
En todos los países del mundo hay tensiones centro-periferia. En algunos, dotados de constituciones federales (como Suiza y EE. UU.), incluso tuvieron guerras civiles en el siglo XIX a causa de este asunto, prevaleciendo la interpretación más centralista. España y el Reino Unido, dos de los países europeos más periféricos, son los que soportan mayores tensiones a este respecto. En el caso español, que es el segundo país con mayor altitud media de Europa (y el más diverso orográficamente), los estados modernos han tenido una menor capacidad de homogeneización sociopolítica y cultural en los siglos precedentes, manteniéndose costumbres y lenguas que en otros estados tienen una relevancia muy inferior. Para Catalunya y Euskadi, con un elevado nivel de desarrollo, igual o superior a los nuevos estados bálticos incorporados con éxito a la Unión Europea desde 2004, el cambio de estatus jurídico se ha convertido en un objetivo prioritario.
Por ello, la tensión acerca de la amplitud de las competencias gubernamentales y las de las comunidades autónomas tiene visos de no acabar nunca, salvo que alguna de las comunidades consiga separarse del Estado y convertirse en su vecino.
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